La sociedad de la información: soluciones locales a demandas globales.

En estos últimos años, en regiones y países avanzados, la digitalización y puesta en red de servicios públicos así como la creación de sus nuevas modalidades, han sido posible por la expansión de una nueva infraestructura de conectividad en el universo de hogares, lo que ha generado una nueva dimensión social que ha impactado positivamente en el bienestar de la ciudadanía. Hace sólo una década, la accesibilidad a servicios, como por ejemplo, a servicios facilitadores de acceso al mercado laboral, estaba condicionada por las distancias territoriales, administrativas económicas y sociales. Por otro lado, la oferta de servicios del Estado se veía limitada por los crecientes costos del Estado de Bienestar tradicional. La expansión de distintas modalidades de conectividad, - desde la banda ancha común a la inalámbrica -, a un gran número de hogares e instalaciones comunales han formado en dichos países un círculo virtuoso: la economía, el Estado y el universo ciudadano conforman redes que facilitan la provisión y la utilización de estos servicios.

En América Latina vemos, sin embargo, que esta modalidad se concentra casi espontáneamente en el sector privado y en el Estado, así como en sus aplicaciones en el ámbito de la educación y áreas modernizadas de la salud. Pero que, en el universo de hogares, la expansión de la conectividad está básicamente dejada a las fuerzas de la demanda. Y las iniciativas ciudadanas o locales que promueven la implementación de redes de conectividad comunitarias, iniciativas existentes en todos los países, no tienen por objetivo reemplazar al mercado. El resultado observado es que la sociedad en red agrega una nueva fractura social a las ya existentes. Al producir, por ejemplo, la banda ancha una nueva marginalidad. (ver para el caso de Chile post titulado “Banda ancha ¿Una nueva marginalidad? ") Ésta podría, sin embargo, a condición de ser desplegada territorialmente, a regiones y a un número significativo de hogares, convertirse en instrumento eficaz de un rápido incremento del bienestar social, un bien altamente apreciado en un continente caracterizado por sus desigualdades sociales que contrastan con la modernidad y riqueza de los sectores productivos exportadores y financieros. En caso contrario se abriría un tipo de brecha inédita: aquella entre una economía y un Estado modernizados acorde a los estándares de la globalización, versus un universo de hogares pobremente integrado a la sociedad de redes, en el que la nueva generación actual solo podría interactuar en forma limitada con los sistemas en red.

En el caso de Chile la situación no es muy diferente, sólo que la reactivación y retoma de una alta tasa de crecimiento, luego de varios años de bajo crecimiento, pone en entredicho la política tradicional de acceso universal diseñada básicamente en una situación en que predominaba la conexión conmutada, cuando se pensaba que uno de los problemas era lo estrecho de la conexión tradicional. Se pensaba cosechar ahora el fruto de los esfuerzos realizados antes de la llegada de la banda ancha,. Pero la implantación de la banda ancha como tipo de conexión estándar – estándar sobre el cual no parece aún haber consenso local acerca de la definición del ancho de la banda ancha – ha producido sin embargo una nueva situación de un día para otro, lo que ha dejado ver una cierta dificultad de los reflejos institucionales para dar cuenta de esta innovación. Parece ser que el ritmo de la globalización hace que aquello que sólo un par de años atrás parecía un logro hoy ya se ve sobrepasado. Aparece un vacío allí donde antes no lo había, una brecha digital de nuevo tipo.

El país ha logrado altas calificaciones en importantes rankings asociados a la globalización: en Davos le ha sido otorgado un primer lugar en macroeconomía; The Economist le ha otorgado una muy buena calificación en la economía de los grandes negocios y la modernización del sector público también ha obtenido un lugar privilegiado en las calificaciones de gobierno electrónico de la Brawn University. Avances como los realizados en salud y en la educación primaria han sido reconocidos en estas calificaciones globales.

Pero hay áreas en las cuales estos mismos sistemas de calificación señalan problemas: la preparación tecnológica y la educación superior, así como la calidad o cobertura del sistema de capacitación, todos ámbitos de políticas públicas que han contado con financiamiento local e internacional, cuyos resultados, sin embargo, no se muestran acordes a los requerimientos de la globalización. En eso, la globalización es más democrática de lo que se supone, pues en cierta forma comparte la percepción ciudadana de que a medida que se sale de la esfera de la empresa y de la propia administración pública central ministerial, la actividad del Estado se torna difusa y de menor impacto en su contribución al bienestar.

Vemos entonces configurarse una avanzada modernización tecnológica concentrada en la economía del país, en el propio Estado y ciertamente en importantes sectores de la población del país que están incorporadas a este ciclo de bienestar, pero que, desafortunadamente, son minoritarios. La mayoría de los hogares no participa de la conectividad de redes y al paso que va la globalización, ya no está claro que las metas que se dan los Gobiernos o que se adoptan en las conferencias internacionales, no queden como tímidas políticas paliativas, que no reemplazan las verdaderas políticas de fomento de esta nueva infraestructura.

Es por contraste con la bonanza actual, de la cual sin duda la mayoría de la población se felicita, que aparece con mayor claridad la necesidad de fomentar una rápida modernización de la infraestructura social del país para prevenir una eternización de una sociedad de desigualdades en la cual un amplio sector de país no dispondría por tanto de instrumentos facilitadores de acceso a servicios de bienestar que en principio constituyen derechos.

A primera vista, algunas desigualdades y brechas evitables del tipo enunciado se originan porque se ve un mercado allí donde en realidad no lo hay o lo hay, pero en forma muy disminuida.

Se presume la existencia de un mercado generalizado de la banda ancha en el universo de hogares, allí donde sólo una fracción reducida de los más de cuatro millones de hogares que forman el universo de hogares del país tiene capacidad de costear el gasto que significa la banda ancha: es la conocida noción de “affordability”.

Equipado de esa presunción, se prevé entonces que el avance de la oferta hacia esos segmentos potenciales de mercado sea un asunto de fomento de la oferta, en la óptica de la suply side enhancement.

Por el lado del sector privado, ver un mercado allí donde no lo hay, significa un muy legitimo acto de buen negocio, de superar un punto ciego, un segmento del mercado que no se dejaba ver, y que de pronto, producto de análisis de mercado y marketing, aparece.

Creo que el retrazo con que el país enfrenta este reciente avance de la conectividad global, particularmente de la banda ancha, tal como se da en los países desarrollados que conforman nuestro marco de referencia, tiene – en parte, ciertamente – una de sus causas en la creencia de que la expansión de la conectividad Internet banda ancha en la base familiar de la sociedad se produciría – de forma sustantiva – a partir de una expansión del mercado.

Ello es así, pero sólo muy parcialmente. Pero lo que de verdad parece poco probable, en el más probabilístico de los sentidos, es que la expansión de la banda ancha se produzca de esa forma.

El dilema estriba en proyectar aproximadamente qué fracción de los más de cuatro millones de familias que conforman la sociedad chilena, - consideradas democráticamente, es decir como fracción de cada uno de los conjuntos que forman su distribución por decil de ingresos – es decir de rico a pobre, dispondrán de la posibilidad de acceso privado y/o público a conexión banda ancha, en el corto y mediano plazo. O, si mantendremos una situación en la que la gran y mediana empresa así como una fracción de la pequeña empresa estén conectados, y también lo esté el Estado, y básicamente el sistema educacional e importantes servicios del Estado, pero…sólo una fracción del universo de las familias del país. Y no sólo eso, sino que si descartamos al 10% de familias que cuentan con altos ingresos (es decir unas cuatrocientas mil familias, aproximadamente el primer decil de ingresos) donde se concentra la conectividad, aún tenemos que para 3 millones y medio de familias, la conectividad de banda ancha en su modalidad actual es y será por un buen tiempo un gasto difícil de solventar.

Falta efectivamente crear un nuevo modelo de fomento de la banda ancha, que asegure el acceso a los beneficios de la sociedad de redes a la mayoría de los hogares del país.

Por las dimensiones de la tarea, tanto como por la urgencia de su despliegue - en un mundo que funciona en tiempo-real, es esta una política que solo puede ser realizada por el Estado en conjunto con el sector privado y con la participación de la sociedad civil, por tratarse de un asunto mayor.
Requiere también de un ordenamiento regional y local equilibrado, así como asegurar la conectividad de los centros comunitarios o infocentros.

El país pareciera contar con los recursos financieros y humanos para ello, así como con una experiencia internacional que le permite sintonizar con las tendencias de la globalización. Cuenta con la infraestructura, pero con una débil base institucional para ello; un emprendimiento de esta naturaleza requiere de una agencia propia. Talvez el orden de los factores esta vez sí altere el producto: se requiera de un nuevo financiamiento marco para lograrlo y es sólo una vez que hayamos logrado una cobertura básica de banda ancha, que otorgue acceso a una parte importante de la población así como a las organizaciones locales, que el mercado encontrará una demanda efectiva reforzada. Primero la política, luego el mercado.

En caso de no encontrar la fórmula local, entonces nos tendremos que conformar con políticas más bien paliativas que mantendrían en entredicho a la sociedad de la información en el país.

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